América Latina tiene una extensa tradición de élites que capturan las políticas de comunicación para defender sus propios beneficios en detrimento del interés común. A contramano de esta tendencia, en las primeras décadas de este siglo hubo una inédita movilización social por el derecho humano a comunicar y varios estados encararon reformas. La lucha por la democratización de la comunicación sigue siendo intensa y adquiere importantes matices al pasar por un proceso de institucionalización. Este libro trata sobre esa disputa, los obstáculos que enfrenta y las potencialidades que demuestra. Activos participantes, tanto en la investigación como en el debate sobre políticas públicas y comunicación ciudadana, María Soledad Segura y Alejandro Linares abordan una cuestión muy importante: ¿En qué medida las instituciones estatales participativas creadas por las leyes de comunicación audiovisual, telecomunicaciones y acceso a la información, sancionadas con participación social entre 2000 y 2020 en México, Ecuador, Argentina y Uruguay, permitieron a las organizaciones sociales incidir de manera efectiva en la formulación e implementación de políticas para evitar o limitar su captura por parte de las élites políticas y económicas? Para responderla, realizaron un estudio extenso y comparativo en los cuatro países, analizando los procesos de formulación legal e implementación de esas políticas, lo que permite al lector conocer diferentes organismos y procesos políticos participativos.
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