El filósofo y jurista americano Ronald Dworkin (1931-2013) presenta en este libro, una de las obras cumbre de la teoría del derecho actual, la articulación más acabada de su pensamiento jurídico. Esta nueva edición incluye también un estudio preliminar firmado por Juan Iosa y Pablo A. Rapetti, «El imperio del desacuerdo», que contribuye a dimensionar y a reivindicar las aportaciones de Dworkin en su crítica al positivismo jurídico y su propia concepción del derecho.
Vivimos según el derecho. El derecho nos convierte en lo que somos: ciudadanos y empleados, doctores y cónyuges, personas que poseen cosas. El derecho es espada, escudo y amenaza: reclamamos nuestro salario, nos negamos a pagar el alquiler, debemos afrontar multas o nos encierran en la cárcel, todo en nombre de lo que este etéreo y abstracto soberano ha ordenado. «¿Cómo puede mandar el derecho cuando los textos legales son silenciosos, confusos o ambiguos?», se pregunta el autor. Este libro despliega en toda su extensión la respuesta que Dworkin desarrolló a lo largo de los años: que el razonamiento jurídico es un ejercicio de interpretación constructiva, que nuestro derecho consiste en la mejor justificación de nuestras prácticas jurídicas como un todo —la narración que convierte a estas prácticas en lo mejor que pueden ser—.
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Ronald Dworkin (Estados Unidos, 1931 – Inglaterra, 2013) fue uno de los más influyentes teóricos del derecho del siglo XX. Su discusión con los positivistas sobre la naturaleza del derecho estableció las coordenadas dentro de las cuales se sigue discutiendo aún hoy. A su entender el derecho, es decir, los estándares que debe tener en cuenta un juez al decidir un caso, está compuesto no sólo por un conjunto de reglas identificadas en razón de su origen sino también por los principios de moralidad política que la historia institucional (las decisiones legislativas o judiciales pasadas, la costumbre, etc.) presupone a través de su justificación. En tanto que cuál sea la identificación correcta de los principios morales contenidos en la historia institucional es una cuestión controvertida, la tarea del jurista se vuelve esencialmente interpretativa, argumentativa.
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