La responsabilidad del Estado, o si se quiere, bajo una vision mas acorde con el sentir constitucional y convencional del fenomeno, esto es, desde una perspectiva de victima, y de manera concreta, de los derechos que a estas le asisten de ser reparadas integralmente por los danos antijuridicos que se les causen, por quienes ejercen el poder, constituye uno de los mas grandes retos en la dinamica del Estado de derecho; y mas aun, en especial, cuando ese dano antijuridico, proviene de la actividad del poder garante de los derechos individuales y de la integridad de los bienes de la colectividad en todas sus dimensiones, como lo es el Poder Judicial o por lo menos de todos aquellos que ejercen atribuciones de esta naturaleza en el contexto del orden constitucional vigente en cada Estado. En tal contexto, esta importante contribucion a la doctrina de la responsabilidad del Estado del profesor Jaime Orlando Santofimio, Consejero de Estado y profesor de la Universidad Externado de Colombia que se edita en la Coleccion Estudios de Derecho Administrativos de la Editorial Juridica Venezolana, aborda, desde la perspectiva convencional y constitucional, tres hipotesis altamente significativas de la actividad judicial anormal que generan responsabilidad del Estado: la de la privacion injusta de la libertad, el error judicial, y el defectuoso funcionamiento de la administracion de justicia, todas ellas de incidencia inevitable en el ambito de los derechos de las victimas que estas actividades generan, como consecuencia de la responsabilidad que se puede derivar del ejercicio de los poderes publicos en todo Estado materialmente considerado como democratico, social y de derecho. En esta perspectiva el trabajo monografico que se pone a consideracion de la academia y de los estudiosos en general del derecho publico, se soporta en la idea fuerza del ordenamiento juridico convencional y constitucional, de la imposibilidad absoluta de admitir escenarios que amparen la arbitrariedad, el abuso, el exceso, el ejercicio desproporcionado, las omisiones y la inactividad con los que se producen danos antijuridicos ocasionados por los agentes estatales en desarrollo de la actividad judicial.’
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