Durante las últimas décadas el derecho público ha entrado en un importante proceso de cambio. Sin lugar a duda, la globalización, la internacionalización de las relaciones de los Estados y la humanización del derecho internacional han jugado roles importantes en ello; sin embargo, con el paso de los años aumentan los factores que lo impulsan a continuar transformándose y renovándose. A modo de ejemplo basta con ver cómo gana mayor relevancia comprender el derecho administrativo, no solo como una rama del derecho público, sino como un elemento que integra a este último a la vez que interactúa dinámicamente con el derecho constitucional y el derecho internacional. Es así como, con el transcurrir del tiempo, el derecho internacional y el derecho constitucional se han vuelto herramientas útiles para interpretar el derecho administrativo, para repensar su alcance, su estructura y su funcionamiento. Estas nuevas formas de comprender el derecho administrativo han irradiado todos y cada uno de los temas que comprende este último; en particular respecto de una de sus vértebras, la contratación estatal. En tal sentido es necesario recordar que el contrato estatal, pese a su origen prístino en el derecho privado, fue concebido como una herramienta para alcanzar los fines esenciales del Estado y, por tanto, para materializar los presupuestos constitucionales del Estado social de derecho. Es así como el contrato estatal ha sido determinante a la hora de avanzar en la satisfacción de las necesidades sociales, consolidándose en torno a principios del derecho público, a la par que al principio de la autonomía de la voluntad del derecho privado. Ahora bien, pese a que el contrato estatal siempre ha sido una herramienta particularmente útil para el ejercicio de las actividades de la Administración y la consecución de los fines esenciales del Estado, la evolución (social, económica, institucional y tecnológica) ha obligado a empezar a repensar si la contratación estatal es lo suficientemente eficiente para conseguir su cometido. Es así como ya no basta con entender el contrato estatal como un simple instrumento para cumplir las funciones del Estado, por el contrario, ahora es necesario pensar en la contratación pública como un mecanismo estratégico a través del cual también se logran transformaciones positivas y sustanciales dentro de la sociedad y el Estado, que permite la incidencia del gasto público en la economía nacional y que propicia el crecimiento de los países.
Innehållsförteckning
contenido
Presentación 13
primera parte
la concepción del sistema de compras públicas
La incidencia de los estándares internacionales sobre los sistemas
de compras públicas y su relevancia en América Latina 21
Germán Lozano Villegas
Introducción 23
1. La relevancia de los sistemas de compras públicas en la agenda
internacional multilateral 25
2. La regulación regional de los sistemas de compras públicas 48
3. La regulación indirecta de las compras públicas a través de organismos
internacionales no gubernamentales 54
4. La regulación de las compras públicas en los tratados internacionales
vinculantes para Colombia 57
Conclusiones 59
Referencias 60
Del contrato administrativo a la procedimentalización de la actividad
contractual: la ampliación de la capacidad de decisión de la Administración
en el derecho administrativo español 67
Elisenda Malaret y Xavier Padrós
Introducción 69
1. La actividad contractual de la Administración: marco teórico y conceptual 78
2. Las estructuras organizacionales: el desafío de la profesionalización 95
3. La eclosión de los medios propios: ¿el declive del principio
del concesionario interpuesto? El debate suscitado por la colaboración
privada y sus límites 101
Algunas consideraciones finales 106
Referencias 109
segunda parte
transformaciones en la etapa precontractual como consecuencia
del sistema de compras públicas
El deber de selección objetiva 117
Juan Carlos Expósito Vélez
Introducción 119
1. Antecedentes legislativos del deber de selección objetiva 122
Del contrato estatal a los sistemas de compras públicas
2. El debate parlamentario sobre la selección objetiva 136
3. La selección objetiva como deber y no simplemente como principio 138
4. Concepto de selección objetiva 140
5. Reglas para la determinación del ’ofrecimiento más favorable a la entidad’ 143
6. El deber de selección objetiva y el derecho de igualdad 160
7. Las reglas de subsanabilidad en la evaluación de propuestas 165
8. Tendencias actuales de la selección objetiva. Ley 1882 de 2018.
Impactos jurisprudenciales 167
Referencias 181
Los beneficios y retos de la adopción de pliegos de condiciones tipo
para la promoción de la integridad y competencia en el Sistema
de Compra Pública colombiano 185
Juan David Duque Botero
Introducción 187
1. Los pliegos de condiciones tipo como buena práctica internacional 188
2. Beneficios e impacto de la adopción de pliegos de condiciones tipo
en los procesos de obra pública en Colombia 192
3. Proceso de estructuración en el nivel nacional 199
4. Retos en la estructuración e implementación de los documentos tipo 204
Conclusiones 213
Referencias 214
La revocación del acto de apertura del procedimiento de selecciónde
contratistas y la responsabilidad del Estado 219
Juan Carlos Covilla Martínez
Introducción 221
1. Justificación de la revocación de la apertura 223
2. La conducta reprochable de las partes y el juicio de responsabilidad 234
3. Intensidad del perjuicio 241
Conclusiones 243
Referencias 243
Las compras públicas por medio de acuerdos marco de precios 247
Jorge Enrique Santos Rodríguez
Introducción 249
1. Origen y finalidades generales de los acuerdos marco de precios 251
2. Noción, naturaleza y ámbito de los acuerdos marco de precios 254
3. La formación y utilización de los acuerdos marco de precios 259
Referencias 268
Contenido
tercera parte
el impacto sobre las tipologías contractuales
La regulación del contrato de concesión de obras en el derecho español 273
Marcos Almeida Cerreda
Introducción 275
1. Los elementos característicos del contrato de concesión de obras:
el contenido de la prestación del concesionario y el alcance
de la contraprestación de la Administración 276
2. La duración del contrato de concesión de obras y la financiación de estas 277
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