En Colombia, según la Constitución y la Ley 472 de 1998 que regula las acciones populares y de grupo, los derechos de los consumidores se conciben en una etapa inicial como derechos de carácter colectivo; sin embargo, se ha reconocido por la jurisprudencia de la Corte Constitucional y por resoluciones de la Superintendencia de Industria y Comercio que los derechos de los consumidores asumen un carácter poliédrico o multifacético, proyectándose también en derechos de carácter indiv...
En Colombia, según la Constitución y la Ley 472 de 1998 que regula las acciones populares y de grupo, los derechos de los consumidores se conciben en una etapa inicial como derechos de carácter colectivo; sin embargo, se ha reconocido por la jurisprudencia de la Corte Constitucional y por resoluciones de la Superintendencia de Industria y Comercio que los derechos de los consumidores asumen un carácter poliédrico o multifacético, proyectándose también en derechos de carácter individual. Así, existen en el ordenamiento jurídico colombiano diversas acciones y mecanismos procesales para acceder a la jurisdicción y proteger los derechos del consumidor como derechos individuales y como derechos colectivos, a saber: la acción popular para la protección de derechos colectivos, la acción de protección al consumidor, la acción de responsabilidad por producto defectuoso, la acción de grupo, la acumulación subjetiva de pretensiones y la acción de tutela.
Este trabajo de investigación analiza estos mecanismos procesales y establece su eficacia para proteger los derechos del consumidor y garantizar su derecho fundamental de acceso efectivo a la administración de justicia. Frente a los mecanismos procesales que presentan deficiencias o no garantizan el acceso a la administración de justicia, se sugieren algunos mecanismos, sobre todo legislativos, para su corrección. Las reflexiones de este estudio pretenden ir más allá de la ‘simple teoría’. Su relevancia práctica es indiscutible, en la medida en que todos los colombianos somos consumidores y se hace necesario tener la garantía de que el Estado proporcione procesos claros e idóneos para acceder ante los jueces y hacer valer ‘luestros derechos e intereses.
